Pedimos cesar el alza continuada de cotizaciones sociales que se ha llevado a cabo en los últimos años, así como las que se implementarán en el corto plazo. Actualmente, el único factor de corrección aplicado a la falta de sostenibilidad del sistema de Seguridad Social es el aumento de cuotas. Esta política, que ya ha situado los tipos de cotización españoles como los terceros más altos de la Unión Europea y que ha elevado las bases mínimas más de un 50% y las máximas más de un 20% en los últimos años, presiona los costes laborales de la empresa española al alza, lastrando su competitividad.

Con unas elevadas cotizaciones que repercuten en el coste del empleo y conociendo que está previsto un próximo ajuste a través de una nueva subida de cuotas a todas las empresas, reclamamos que se busquen otras alternativas para solucionar el problema de viabilidad del sistema de pensiones sin que su coste recaiga únicamente en la empresa.

España es un país de pymes, cuya realidad es más compleja: sufren más por los altos costes, afrontan peor la incertidumbre y digieren más lentamente los cambios regulatorios al sufrir un mayor impacto. Esta realidad no puede ser ignorada a la hora de reformar el marco regulatorio en el que se asienta la actividad económica de nuestro país.

Reclamamos un proyecto económico a largo plazo de España que tenga reflejo en unos presupuestos con un espíritu plurianual frente a las actuales dinámicas en las que pesan más los apoyos políticos puntuales y las medidas cortoplacistas. Un modelo que parte del compromiso de nuevos gastos y no del análisis de las proyecciones de ingresos, al tiempo que obvia cuestiones clave tales como la eficiencia del gasto público.

El aumento de la carga fiscal para el conjunto de la sociedad, especialmente para las empresas, se ha convertido en el erróneo mecanismo de ajuste, menoscabando la competitividad y el atractivo de España como lugar para emprender, crecer y generar bienestar. En España, las empresas aportan un 32,4% de la recaudación fiscal frente a un 25,8% de media en la UE, carga que corre el riesgo de aumentar ante la imposición de nuevos tributos medioambientales cuyo objetivo es puramente recaudatorio.

Fuente: Manifiesto CEPYME Por la Libertad de Empresa