Pedimos que cese la injerencia del Gobierno en el funcionamiento y organización interno de la empresa y que se garantice su flexibilidad. Alejarnos del modelo europeo de flexibilidad es un error que acabarán pagando todos los ciudadanos españoles. La empresa requiere adaptar su funcionamiento a cualquier coyuntura para asegurar su viabilidad y solo hay dos vías para hacerlo: con flexibilidad interna o externa.

La interna garantiza el capital humano y la adaptación de la producción, y es la herramienta que en nuestro entorno se ha demostrado más eficaz tanto para la pervivencia de la empresa como para el impacto en el empleo, fortaleciendo así la cohesión social.

El goteo de reformas que coartan dicha flexibilidad debe cesar. Dictar el funcionamiento interno de las empresas desde la esfera gubernamental supone vulnerar los derechos de propiedad, encorsetar las decisiones y la capacidad de respuesta a un entorno en cambio constante. Esto conduce de manera inexorable a la adopción de ajustes externos, lesivos para las compañías y para sus trabajadores con pérdidas dolorosas e innecesarias de capital humano y de cohesión social. Considerar que la mejor garantía del empleo es prohibir el despido, tal y como preconiza el Gobierno, es ignorar el funcionamiento del mercado y de la empresa y caminar en sentido opuesto a nuestros vecinos europeos.

La flexibilidad externa es la última vía de ajuste de una empresa para garantizar su viabilidad. Tendremos empleo si tenemos empresas. Encarecer el coste del despido, ampliar las causas de nulidad, introducir incertidumbre en su tramitación alargando plazos son malas soluciones por las que apuesta el Gobierno a un problema que solo ha creado él. Las empresas cuya viabilidad está en riesgo se adaptan o cierran. El Gobierno debe salvaguardar la flexibilidad en lugar de cerrarles todas las vías de adaptación.

(Fuente: Manifiesto CEPYME Por la libertad de empresa)