Exigimos al Gobierno que renuncie a su política persecutoria e incriminatoria hacia el empresario. En los últimos años, se viene aprobando un goteo de medidas de control, de supervisión y de sanciones cuyo origen es la desconfianza hacia el cumplimiento de las normas por parte del empresario. Una desconfianza infundada, y que además supone un trato discriminatorio hacia el empresario, a la que exigimos poner fin. Basta ya de aplicar al empresario el principio de culpabilidad en cualquiera de sus acciones.

La proliferación de registros, planes y protocolos obligatorios no solo carece de efectividad y eficacia probada, sino que supone una gran carga y coste burocrático para las pymes, abocadas a la contratación de asesorías especializadas, detrayendo recursos de su propia actividad productiva hacia obligaciones burocráticas no productivas.

Identificamos una excesiva ambición por parte del Gobierno de tratar de regular todas las esferas del funcionamiento de la empresa. Dicho intervencionismo gubernamental se traduce en una sobrerregulación y una avalancha normativa difícil de digerir para la empresa y en especial para la de menor tamaño.

(Fuente: Manifiesto CEPYME Por la libertad de empresa)