Según un estudio presentado recientemente por la Cámara de España, el 62% de las empresas tiene previsto aumentar los precios de sus productos y servicios en 2026, principalmente en los sectores del comercio y la alimentación. Esta decisión responde al impacto de los aranceles internacionales, especialmente los impuestos por Estados Unidos, y a las presiones inflacionistas persistentes en la cadena de suministro.

Aunque la mayoría de las empresas espera mantener o incrementar sus ventas tanto en el mercado nacional como en las exportaciones, los costes elevados han condicionado la política de precios. El sector alimentario destaca especialmente por los incrementos, debido a subidas en materias primas y costes logísticos.

En Extremadura, datos recientes del Instituto de Estadística regional muestran que en septiembre de 2025 subieron los precios en productos como pescado fresco y congelado, huevos y bebidas, mientras que bajaron algunos otros como frutas frescas y aceites. La inflación anual se situó alrededor del 3% en la región.

La combinación de aranceles, costes de producción al alza y contexto económico global ha llevado a que las empresas opten por trasladar estos costes a los consumidores para preservar márgenes, generando expectativas de aumento generalizado de precios durante 2026.

Este escenario apunta a un desafío para consumidores y comerciantes que deben adaptarse a una inflación persistente, mientras las empresas buscan equilibrar competitividad y rentabilidad en un entorno complejo.