El Secretario General de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX), Javier Peinado, ha mantenido la segunda reunión con la Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco Morales, en torno a los presupuestos extremeños de 2023. En esta ocasión, el encuentro ha contado además con la presencia de la representación de CCOO y UGT, como organizaciones integrantes de la mesa de diálogo social.
Según ha señalado Peinado, “hemos trasladado nuestro apoyo a las medidas en política social, sobre las que se vienen focalizando mucho el esfuerzo, y lo entendemos, pero también hemos apuntado que la mejor política social ahora mismo es ayudar a mantener el tejido productivo, y que micropymes y autónomos puedan mantener el empleo, incluso incrementarlo pese a todas las dificultades”.
Entrando en aspectos más concretos, por parte de CREEX la reunión ha girado en torno a tres ejes:
- Ingresos: la única organización que representa a todo el tejido productivo extremeño ha señalado que hay que ajustar tasas y precios públicos para mitigar el incremento desorbitado de precios que están sufriendo las empresas y autónomos. Además, se han apoyado las propuestas sindicales en este sentido, dirigidas a toda la ciudadanía, por suponer que habría más dinero en circulación para dinamizar la economía.
“El Presidente Fernández Vara ya anunció en la Asamblea bajadas de tasas, y consideramos muy importante la bonificación en la tasa de dirección de obra. Respecto a la de ITV, creemos que deberían reducirse aún más, hasta el 50%, al menos para vehículos pesados y también vehículos vinculados la actividad económica. Asimismo hemos pedido un cambio en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, suprimiendo los tramos actuales y dejando un tipo único del 6% o 7%”.
- Gasto: “es muy interesante el esfuerzo inversor que se plantea, pero reclamamos no solo más inversión, sino, mucho más importante, que la inversión productiva se ejecute en tiempo y forma. Muchas se nutren de fondos europeos, y en este momento, el nivel de ejecución de estos fondos en todo el Estado es del 30% respecto a los presupuestados para 2021 y solo el 6% para los de 2022. Además, demandamos que lleguen a micropymes y autónomos”.
- Revisión de precios de contratos públicos: que afectaría a obras, servicios y suministros. Hay muchos contratos de servicio de carácter plurianual, y los costes laborales, que suponen en gran medida el grueso del coste, han crecido mucho, dejando estos precios fuera de mercado, lo que es insostenible para las adjudicatarias. “Cierto es que la Junta, con su Presidente a la cabeza, ha intentado nivelar este desajuste, pero el Gobierno de España se cierra en banda y ni siquiera permite que las Comunidades Autónomas tomen medidas, amenazando con recursos ante el Constitucional. Si esto es así y tumban las medidas de Extremadura, más allá de los graves problemas a las actuales adjudicatarias, se generarían incertidumbres que se traducirían en pérdida de empleo”. Peinado ha sostenido que los sindicatos comparten esta visión “porque si se están pidiendo subidas de salario, las empresas deben poder ajustar los precios de los contratos, y lo que es incoherente es que el Gobierno suba el SMI y luego no tenga en cuenta la repercusión en los contratos públicos”. Por ello se ha pedido a la Vicepresidenta Primera que se tenga en cuenta alguna medida para ayudar a estas empresas en la Ley de Acompañamiento del Presupuesto 2023
