Tras años de escasa actividad, el Gobierno ha reactivado el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE). Un nuevo Real Decreto aprobado en abril pasado actualiza las funciones de este órgano, creado en 2008, y lo adapta a un escenario muy distinto del que existía cuando arrancó.

Se trata de un órgano colegiado, de carácter asesor y consultivo, adscrito al Gobierno de España, que desde su creación funciona como espacio de diálogo entre la Administración, las organizaciones empresariales y los sindicatos. Su misión: diseñar políticas que impulsen un modelo de empresa más responsable, con atención a los planes de igualdad, la gestión de la diversidad o la inclusión sociolaboral. Pero tras sus primeros años de actividad fue perdiendo peso institucional, mientras otros gobiernos europeos mantenían vivas sus propias iniciativas en la materia.

La reactivación llega en un momento en que la responsabilidad social empresarial, según reconocen distintos analistas del sector, ha dejado de ser un compromiso voluntario para convertirse en una exigencia que las compañías deben gestionar con rigor normativo. Confluyen varios factores: las directivas europeas sobre sostenibilidad corporativa, la obligación de información no financiera, la normativa sobre diligencia debida y los compromisos de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Entre las novedades destaca la habilitación al Ministerio de Trabajo y Economía Social para desarrollar un Sello de Empresa Socialmente Responsable, pensado para identificar y reconocer públicamente a las compañías que acrediten buenas prácticas en su gestión social y medioambiental. El texto refuerza además el papel del CERSE en el seguimiento de cómo se van implantando las políticas de responsabilidad social en las grandes empresas, a través de la evaluación de los informes anuales que estas deben remitirle.