• Esta subida, junto al alza de las cotizaciones, elevaría el coste por asalariado para las empresas por encima de los 1.500 euros mensuales
• CREEX recuerda que el SMI ya supera el 60% del salario medio en Extremadura, que fue el límite que se fijó para su incremento

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) ha mostrado su total respaldo a la decisión  de los órganos de gobierno de CEOE y CEPYME (de los que CREEX forma parte como única organización que representa a todo el empresariado extremeño) de rechazar por unanimidad la propuesta del Ministro de Trabajo y Economía Social que contempla una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2022, en un contexto económico de incertidumbre, en el que previsiblemente no se recuperarán los niveles de negocio precrisis hasta 2023, con presiones crecientes en los costes de las empresas y una notable caída acumulada de la productividad.

Como recuerdan CEOE y CEPYME, mientras la remuneración de los asalariados prácticamente ha recuperado niveles de 2019, previos a la crisis por la pandemia, el excedente bruto de explotación aún está lejos de normalizar su situación, y se mantiene en un 6,6% por debajo del de 2019, lo que implica que las empresas van retrasadas en la recuperación de la normalidad, y refleja la difícil situación que aún vive el tejido empresarial

Desde CREEX y, por supuesto, desde las organizaciones de ámbito nacional a las que está adscritas, se afirma que la nueva subida del SMI aumentará los costes laborales y la presión sobre los márgenes de las empresas lo que, unido a otros riesgos como el encarecimiento de las materias primas o los cuellos de botella en las cadenas globales de suministro, pueden llevar a un menor dinamismo económico en el futuro y a una menor creación de empleo.

Además, se recuerda que las empresas han asumido una subida del 30% en el SMI desde 2019, con una reciente subida en septiembre de 2021 –que alcanzaría el 5,2% sumada a la que se plantea para 2022—y de que de que se haya aplicado una subida de cotizaciones sociales aparejadas a los salarios, conformando un coste total por empleado para las empresas muy superior a esos 1.167 euros mensuales que se proponen y que sobrepasaría los 1.500 euros en términos generales.

Además, el Gobierno sigue sin indexar los contratos públicos a esta evolución, un compromiso adquirido en 2019 que incomprensiblemente nunca ha sido atendido. Por otro lado, conviene recordar que en 8 comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, el SMI ya está por encima del 60% del salario medio de la región.

En definitiva, la propuesta del Gobierno es inasumible para sectores especialmente vulnerables como el agrícola y aquellos intensivos en mano de obra (limpieza, hostelería, etc.), que llevan años soportando sobrecostes de todo tipo.

En este contexto, las organizaciones empresariales consideran que no es el momento, por ello, de aplicar una nueva subida del SMI en 2022, que parece responder más a una aspiración política en el seno del Gobierno que a la lógica económica.

Por el contrario, el deseo compartido de que la recuperación económica lleve aparejada un mayor nivel de rentas debe lograrse favoreciendo las palancas que están detrás del desarrollo económico y, concretamente, del crecimiento empresarial, como son la formación, la inversión o el desarrollo tecnológico.

Con ese ánimo, también mostramos nuestra disposición a analizar y concretar en el ámbito bipartito con los sindicatos la que debería ser la senda de actualización de los salarios razonable para los próximos años en el marco de las negociaciones del próximo Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva (AENC), que ofrezca tranquilidad a empresas y trabajadores y, en general, al país.