• Javier Peinado comparece para explicar las aportaciones empresariales a la Ley de Mejora de la Respuesta Administrativa y defiende rebajar las condiciones para que los proyectos de inversión disfruten de preferencia en la tramitación y las subvenciones
• Los Grupos Parlamentarios se comprometen a analizar las propuestas de CREEX con el fin de incorporarlas a la fase de enmiendas del texto legislativo

El Secretario General de la CREEX, Javier Peinado, ha comparecido, como representante legítimo de todas las empresas y autónomos de Extremadura, ante la Comisión de Presidencia y Administración Pública de la Asamblea de Extremadura para defender las propuestas del colectivo empresarial a la nueva Ley de Mejora de los Procesos de Respuesta Administrativa a la Ciudadanía y para la Prestación Útil de los Servicios Públicos.

En su intervención, Peinado ha indicado que esta norma, además de ser un compromiso del Presidente de la Junta de Extremadura, es necesaria “por cuanto aporta seguridad jurídica y certezas para el desarrollo”, y ha recordado que parte de lo recogido en la ley proviene de medidas que se tomaron durante la pandemia y que se mantienen por ser necesarias.

Asimismo, ha destacado que la norma agilice ciertos procesos administrativos y acorte plazos, ambas cuestiones muy necesarias.

Entrando en el contenido del anteproyecto, el Secretario General de la CREEX ha abordado las siguientes cuestiones, que exponemos resumidas:

• Proyectos empresariales de interés económico-PREMIA: Peinado reclama que el listón de 10 millones de euros y generación de empleo se ajuste para responder al menos a lo que tanto la UE como la AEAT consideran pyme, esto es, que la inversión (en caso de nuevos proyectos) o la facturación (en caso de ampliaciones) se establezcan, como mucho, en 6 millones de euros. “El listón de 10 millones es excesivo dada la configuración del tejido productivo extremeño”, ha razonado. De este modo, las pymes también accederían a beneficios de los PREMIA tanto en el recorte de plazos administrativos como en las ayudas directas.
• Obligación de aceptar, bajo riesgo de sanción, cualquier medio de pago legalmente admitido. Desde CREEX se propone que se incorpore una salvaguarda que permita a los negocios, principalmente al comercio, decidir libremente qué medios legales admiten, indicándolo claramente en el establecimiento para que el cliente sepa a qué atenerse, en vez de obligar a admitir cualquier medio de pago legal.
• Adscripción del Consejo Económico y Social directamente a Presidencia de la Junta, dado que este organismo abarca temáticas muy diversas por lo que no puede adscribirse a una determinada Consejería
• Que un vocal del Jurado de Defensa de la Competencia sea nombrado a iniciativa del Consejo de Concertación Social y Económica, organismo establecido y normalizado, y no por el Consejo de Cámaras de Comercio de Extremadura, ya que este no existe.
• Ley de Patrimonio: en cuanto al debate sobre sobre si los centros sanitarios deben o no pagar IBI, desde CREEX no se entra en ese debate concreto, aunque considera que lo razonable es que dichos centros donde se imparta formación sí puedan acogerse a la exención (por su puesto, garantizando la autonomía financiera de los ayuntamientos por la vía del acuerdo entre Administraciones), pero reclama con claridad que las entidades sin ánimo de lucro como CREEX, que realizan labores de formación, puedan acogerse a bonificaciones y exenciones ya que destinan una parte importante de sus instalaciones precisamente a formación.
• En el apartado de contratación pública socialmente responsable, Peinado ha vuelto a reclamar que se consideren los problemas que están teniendo las empresas que contratan obras, servicios o suministros con el sector público para ejecutar esos contratos. “Sean sensibles a las dificultades por el alza de precios, impulsando una revisión dentro de esta batalla competencial entre Estado y Comunidad Autónoma, donde la Junta ha sido mucho más sensible a la situación de asfixia que viven las adjudicatarias”.
• Tasa para la competencia profesional: que las bonificaciones del 50% se conviertan en exenciones.

Tras la intervención, los Grupos Parlamentarios han calificado como razonables las propuestas de CREEX y han reclamado a Javier Peinado un documento detallado sobre las mismas para estudiarlo y ver la posibilidad de incluirlo entre las enmiendas.

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