La Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) ha reclamado ante el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura “ayudas y sensatez” para que el Real Decreto estatal de ahorro energético no perjudique la actividad económica y lastre la productividad y competitividad de las empresas y autónomos.
Así lo ha expuesto hoy el Secretario General de la CREEX, Javier Peinado, en una reunión presidida por Guillermo Fernández Vara en la que han estado presentes los consejeros autonómicos y las secretarias generales de CCOO y UGT.
Entre las propuestas realizadas por CREEX figuran el análisis sectorial de impacto de las medidas del Decreto, aplicando medidas específicas por territorios y sectores en cuanto a zonas de aplicación, horarios o temporadas. También se pide que se tenga en cuenta que muchas empresas y autónomos ya han realizado inversiones para ahorrar energía como la colocación de luminarias led, o la instalación de sistemas de aerotermia o autoconsumo.
Finalmente, y como punto muy relevante, se ha demandado a la Junta que active el uso de los fondos Next Generation u otros marcos financieros similares para que se articulen ayudas a aquellos negocios a los que se obligue, por ejemplo, a instalar puertas automáticas, con el fin de no añadir más cargas económicas y administrativas a las que ya soportan las empresas.
Según ha indicado Peinado el término de la reunión “no nos oponemos a que se apliquen medidas de ahorro energético, pero pedimos que se matice, precise y racionalice la norma, que se actúe con sensatez y sentido común”.
No hay análisis
El dirigente de la única organización que representa a todo el tejido productivo ha expuesto que el Real Decreto debería tener la suficiente calidad en su diseño para favorecer la seguridad jurídica y que su cumplimiento sea posible, cosa que no ocurre con esta norma.
Entre otras cuestiones, el Secretario General de la CREEX ha considerado inadecuado el horario de apagado de escaparates en pleno mes de agosto, y ha exigido un análisis sectorial riguroso “porque no todos los sectores económicos tienen los mismos procesos y necesidades, y no cabe por tanto una norma generalista ni populista”.
Asimismo, Peinado ha criticado que la norma persiga únicamente a los sectores ‘visibles’, a los que están a pie de calle “de los que depende una parte muy importante del PIB por su vinculación, además, al sector turístico”, con el agravante de que el Real Decreto se impulsa en plena temporada.
Otro aspecto cuestionado es que este Real Decreto contraviene otras normas, generando confusión e inseguridad, y que no ha valorado ni esta circunstancia (afectación o contradicción con normativa sobre prevención de riesgos laborales, por ejemplo) ni el impacto económico que puede tener.
Por último, se alude a falta de información en lo que atañe a exigencias para el sector público, en la comunicación de entrada en vigor y desarrollo de la norma y en las exigencias concretas a las empresas en cuestiones como la información al usuario.
Javier Peinado ha concluido reiterando que el empresariado no se opone a las medidas de ahorro energético, al contrario, “pero cuando se articula una norma de este calado debe haber un diálogo previo, un análisis riguroso y un desarrollo legislativo que garantice la seguridad jurídica y explique claramente el qué, el cómo y el para qué”.
