La Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) ha planteado, en el ámbito del diálogo social, que se estudie alguna fórmula jurídica “siquiera excepcional o temporal” para que las empresas que no han podido acceder a las ayudas de la Junta de Extremadura (decretos 15/2020, 1/2021 y 2/2021) por estar en mora por deudas con alguna Administración pública, tengan la posibilidad de beneficiarse de las mismas.

“Una vez finalizado el plazo para presentar las solicitudes de ayuda para los sectores que peor lo están pasando por las limitaciones que se les han impuesto, hemos constatado en la CREEX que hay muchas empresas y autónomos en esa situación”, ha explicado Javier Peinado, Secretario General de la CREEX, para añadir: “es una situación sobrevenida, derivada de una coyuntura excepcional, puesto que estos empresarios no han tenido ingresos o han tenido muy poca facturación, y eso les ha llevado a convertirse en deudores, ya sea con Hacienda, la Seguridad Social, la Hacienda Autonómica o los Ayuntamientos”.

Por tanto, la propuesta de la CREEX es que se estudie la posibilidad, respetando lo que marca la normativa en cuanto a subvenciones, de flexibilizar la documentación acreditativa de estar al corriente de pago con las Administraciones públicas.

“Hemos tenido una buena receptividad a la propuesta por parte del Presidente de la Junta, aunque, claro está, es algo que tienen que estudiar desde el punto de vista jurídico”, señala Peinado, y añade: “si, finalmente, puede llevarse a cabo, se podría arbitrar una ampliación de los plazos para la presentación de solicitudes a los decretos de ayuda, con el fin de dar cabida a estas empresas y autónomos ahora excluidos”.

Para el dirigente de la única organización representativa de todo el tejido productivo extremeño, esta medida supondría un doble beneficio: para empresas y autónomos y también para la Administración pública:

• Las empresas que están al límite, y por eso no han podido hacer frente a las obligaciones tributarias y de cuotas a la Seguridad Social, tendrían una ayuda con la que afrontar la deuda y seguir vivas, sin entrar en quiebras y despidos de toda la plantilla
• La Administración acreedora podría cobrar la deuda, no perdería esos fondos y además mantendría en pie y con actividad a empresas y autónomos que seguirían generando ingresos para las arcas públicas.

“Creemos que, con todas las salvedades jurídicas que hay que respetar, sería una medida innovadora, muy positiva y de gran alcance, ajustada a una situación excepcional que obliga a soluciones imaginativas y excepcionales”, ha concluido Javier Peinado.