La Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) ha exigido al Gobierno de España que actualice las cantidades a pagar por los contratos públicos de obras o servicios a la vista del incremento de costes laborales y de las subidas de precios en la energía y las materias primas.

De otro modo, las empresas adjudicatarias de dichos contratos se verían abocadas a trabajar a pérdidas en muchos casos, es decir, irían a la ruina y tendrían que prescindir de sus trabajadores.

“Al hacer una oferta para una licitación pública, las empresas analizan costes y beneficios, y en base a eso presentan su proposición”, comenta Peinado, para añadir: “ahora bien, si durante la ejecución del contrato la relación de costes varía sustancialmente, como está ocurriendo, lo justo es que se revise el contrato para adaptarlo a la nueva realidad”.

El Secretario General de la CREEX señala que el Gobierno de España no puede inhibirse como lo está haciendo “puesto que, de forma directa o indirecta, es el responsable de esos incrementos”.

Por un lado, apunta, al subir por decreto el SMI, “lo que no tiene un efecto solamente en los empleos menos cualificados, sino que esa subida se indexa al resto de categorías, provocando un efecto dominó que supone subidas en los costes laborales –salarios y cotizaciones sociales—para todas las categorías”, el Gobierno tiene que ‘aplicarse el cuento’ y contemplar esta subida en lo que paga por las obras o servicios contratados, puesto que es directamente responsable del incremento del coste.

Asimismo, el dirigente de la única organización que representa a todo el tejido productivo extremeño explica que el Gobierno también es responsable indirecto de la brutal subida de costes en la energía y las materias primas “ya que se ha mostrado incapaz de controlar dichos precios, pese a que podría hacerlo al menos en lo que a tarifas reguladas se refiere”.

Al sumar estos incrementos en unos contratos ya muy ajustados en sus beneficios por primar casi exclusivamente las ofertas más bajas, “las empresas trabajan a pérdidas, y no porque se hayan ‘pillado los dedos’ con ofertas temerarias, sino porque los costes se han disparados debido a la acción o inacción del Gobierno”.

Por ello, Javier Peinado exige que el Ejecutivo central “marque la pauta y revise los contratos, aplicando el sobrecoste que se ha producido, pues de otro modo se estaría vulnerando el principio jurisprudencial del enriquecimiento injusto, y, para colmo, lo estaría vulnerando precisamente la Administración pública, por no hablar del efecto que puede tener en la caída de empresas y pérdida de empleos”.