CREEX cuestiona tanto la distribución regional como los criterios de aplicación de las ayudas del Gobierno, y considera que el Ejecutivo nacional opta, de nuevo, por eludir su responsabilidad

CREEX cuestiona tanto la distribución regional como los criterios de aplicación de las ayudas del Gobierno, y considera que el Ejecutivo nacional opta, de nuevo, por eludir su responsabilidad

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) ha acogido con “satisfacción contenida” el anuncio de aplicación, por fin, del fondo estatal de 11.000 millones para ayudar a empresas y autónomos.

Según ha señalado Javier Peinado, Secretario General de la CREEX, existe confusión, incertidumbre, cierta decepción y desacuerdo en cuanto a la forma en la que se van a implementar. Los principales puntos de crítica son:

  • Que se anuncien 2.000 millones para los territorios insulares, y el resto se vaya a distribuir por Comunidades Autónomas. A juicio de Peinado, esto supone que el Gobierno de España, de nuevo, elude su responsabilidad, y se pregunta cómo sabe el Ejecutivo nacional cuántas empresas en cada región tienen derecho a las ayudas y en qué cuantía. “Es algo que no se puede saber a priori, y recordemos que esto es una ayuda a las empresas y autónomos, no a las regiones, con criterios supuestamente objetivos, ¿cómo se sabe ya cuánto debe ir a cada región?”
  • Que la Agencia Tributaria se vaya a utilizar para fiscalizar las ayudas, pero no para asignarlas. “El Gobierno tiene en sus manos esta herramienta, la Agencia Tributaria, que se muestra en otras ocasiones muy eficaz a la hora de conocer con exactitud la facturación de cada empresario, ¿por qué no se usa ese sistema, y que la Agencia Tributaria coteje los datos de caída de facturación de cada empresa, de manera rápida, y haga llegar la ayuda inmediatamente?”, se pregunta el Secretario General de la CREEX.
  • Que se incluya la condición de estar al corriente de pago con Hacienda y la Seguridad Social para acceder a las ayudas, cuando muchas empresas y autónomos han sufrido una insolvencia sobrevenida por culpa de las restricciones a su actividad que les han venido impuestas. Ahora, al exigirles esta condición, se las condena a la quiebra y el cierre y además ni Hacienda ni la Seguridad Social podrán cobrar la deuda.
  • Que no se tenga en cuenta la situación de partida de cada Comunidad Autónoma como criterio en el reparto, lo que perjudica a regiones como Extremadura, donde las caídas de renta y de ingresos son más dramáticas al ser el nivel de desarrollo menor.
  • Que sean unas ayudas que llegan muy tarde, un año después de empezar la crisis, y aún se diga que tardarán un tiempo en ponerse en marcha.

Javier Peinado ha insistido en que estas ayudas deberían seguir un criterio común, liderado por el Gobierno “en vez de quitarse de en medio”, y no parcelarlas en 17 partidas. Además, ha explicado que el Ejecutivo español debería haber tomado ejemplo de la Junta, donde las ayudas ya están en marcha, con 15.400 expedientes para autónomos y empresas “porque en ambos casos se trata de empresarios” en tramitación.

En todo caso, el dirigente de la única organización que representa a todo el tejido productivo de Extremadura ha anunciado que “desde ya” se iniciará una negociación con la Junta para ver cómo se gestionan los recursos que lleguen a Extremadura “que esperamos que lleguen con la mayor agilidad a más empresas y autónomos y en mayor cuantía, porque nos estamos jugando el Estado del Bienestar, la supervivencia del tejido productivo y muchos empleos”.

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