La Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) ha firmado con la Junta de Extremadura y los sindicatos CCOO y UGT el nuevo Plan de Vivienda de Extremadura 2022-2027, del que el Secretario General de la CREEX, Javier Peinado, ha destacado que se ha negociado en el seno del diálogo social “desde la primera letra”.

Peinado ha agregado que los 188 millones fondos públicos con que está dotado el Plan pueden generar más de 2.000 millones de inversión en vivienda, dinamizando un sector como el de la construcción “vital en la economía extremeña y que además genera un gran número de empleos”.

Asimismo, ha hecho hincapié en la necesidad de impulsar políticas que protejan el derecho de acceso a una vivienda digna, “y ahí el Plan no solo entra en nueva construcción, sino también en rehabilitación y en adaptación hacia los modelos de eficiencia energética”.

El Plan, ha continuado, se estructura en 50 actuaciones y programas perfectamente definidos. En cuanto a la dotación pública del Plan, Peinado ha comentado que los 188 millones se le antojan insuficientes, pero ha explicado que se ha querido ser realista, incluyendo los recursos de los que se dispone “porque eso garantiza que los programas y actuaciones se ejecuten sí o sí”.

En cuanto a la parte privada que ha de colaborar en que el Plan llegue a buen puerto, Peinado ha afirmado el compromiso empresarial para que esto sea así, “incluso para que tengamos que pedir a la parte pública que ponga más recursos porque las partidas se agoten”.

Actualización del precio de los módulos VPO

Además, el dirigente de la única organización que representa a todo el tejido productivo extremeño ha indicado que las acciones del Plan se complementan con la actualización de precios de los módulos para las VPO ya conocidos y publicados en el DOE.

“Tras siete años sin tocar estos precios, era necesario adaptarlos a realidad del mercado, porque no se trata de hacer casas baratas porque sean VPO, sino viviendas asequibles y con todas las garantías”, ha indicado, para agregar: “si no hay equilibrio entre lo que a las empresas les cuesta y lo que se permite cobrar, el acceso a la vivienda queda en entredicho, porque nos encontraríamos con una situación que ya hemos vivido, que es que no se construyan VPO, y entonces esas personas que lo necesitan no tendrán acceso”.

“Una VPO, que nadie se engañe, es una vivienda con ciertas limitaciones y normas en cuanto a superficie, por ejemplo, pero una vivienda digna, de calidad, que no tiene nada que envidiar a la vivienda libre en cuanto a calidad constructiva”, agrega.

En este punto, ha agradecido tanto a la Junta de Extremadura como a CCOO y UGT su empatía “a la hora de entender que la actualización no es para que las empresas ganemos más, sino para que haya equilibrio y sea posible ejecutar las acciones que beneficien especialmente a los ciudadanos que tienen más complicado el acceso a la vivienda”.