La Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) muestra su apoyo al acuerdo tomado por el Consejo de Gobierno de la Junta en el sentido de solicitar que el remanente del fondo estatal de ayudas COVID no se devuelva al Gobierno, tal y como figura en el Decreto estatal, sino que pueda destinarse a ayudas directa a empresas y autónomos en condiciones más lógicas que las impuestas por la norma básica estatal.
Según recuerda Javier Peinado, Secretario General de la CREEX, esta organización, la única que representa a todo el tejido productivo extremeño, ya demandó en su día que las condiciones impuestas en el Decreto estatal se corrigiesen, por ser excesivamente restrictivas, y así lo trasladó a la Junta de Extremadura.
Sin embargo, la normativa estatal dejó al Ejecutivo extremeño con poco margen de maniobra, más allá de ampliar los CNAE de las actividades posibles beneficiarias, cosa que se hizo, en el seno del diálogo social con CREEX, tanto en el primer decreto autonómico de convocatoria como en el segundo, cuyo plazo de presentación de solicitudes ya está abierto.
Del carácter excesivamente restrictivo de la norma se ha derivado que en primera convocatoria apenas se llegue a consumir el 28%-30% del fondo, pese a la precaria situación que pasan empresas y autónomos, y que en esta segunda, aun con la nueva ampliación de CNAE, la previsión sea de que no se vaya a otorgar más allá de otro 20%.
Es decir, al menos la mitad de los 106 millones asignados a Extremadura no se podría utilizar y, según la actual norma estatal, habría que devolverlos al Estado. “Esto sería un sinsentido absoluto, un esperpento, porque las empresas y los autónomos siguen en una situación extrema tras más de año y medio de cierres y restricciones”, ha señalado Peinado, para añadir: “ya lo dijimos, y lo transmitimos tanto a la Junta para que lo plantease al Gobierno como a nuestras organizaciones nacionales de referencia CEOE y CEPYME: debe corregirse el Decreto o sacar uno nuevo que vaya más en sintonía con la realidad”.
La condición más cuestionada del Decreto estatal es la de tener que acreditar caídas del volumen de negocio superiores al 30%: “si se conociese la realidad económica ni se plantearía esta condición, puesto que para sobrevivir muchas empresas y autónomos han tenido que recortar drásticamente el margen de beneficios, con lo que la facturación puede que no haya caído tanto, pero el margen, que es lo que importa, sí, y eso las ha llevado a una situación muy precaria e insostenible”.
No solo deudas
Lo aprobado por el Consejo de Gobierno hoy va en esa línea: que las ayudas se destinen a gastos fijos y activos circulantes en esta nueva etapa de, esperemos, recuperación, y que no se excluya a empresas y autónomos que hayan recibido otras ayudas relacionadas con la pandemia.
En concreto, desde CREEX se demanda:
- Incluir a todas las empresas y autónomos que se hayan visto afectados en su volumen de negocio o sus beneficios por la pandemia, independientemente de su sector de actividad
- Permitir que la ayuda pueda destinarse para inversión y para mantenimiento de la actividad, no solo para pagar deudas
- Que no se excluya a quien haya recibido otras ayudas
- Que no se excluya a quien tuviese pérdidas en 2019, un verdadero sinsentido
- Que no se excluya a quien mantenga deudas con Seguridad Social o Hacienda, ya que estas han sido provocadas precisamente por la pandemia
- Que se establezca un sistema ágil de concesión, porque las ayudas se necesitan en el plazo más corto que sea posible
“Es urgente que se corrija el desaguisado del Decreto estatal, porque la situación lo demanda, son muchas empresas, sobre todo microempresas, y autónomos los que lo necesitan, y son muchos empleos los que penden de un hilo si no se abren ayudas suficientes y con criterios lógicos y accesibles”, ha concluido Javier Peinado