En 13 puntos te explicamos por qué las nuevas medidas ni resuelven el problema ni cumplen lo prometido, pero en cambio suponen una traba más al empleo y a la retención del talento:

• No se trata de una reforma del sistema de pensiones para garantizar su sostenibilidad, sino de retoques del actual marco de cotizaciones sociales para salir al paso del desajuste entre ingresos y gastos del sistema. Por tanto, además del perjuicio que ocasionará sobre el crecimiento y el empleo en el corto plazo, al incrementar la carga sobre empresas y trabajadores, no aborda los problemas de largo plazo.
• En este contexto, resulta llamativo que el Ministerio oculte las proyecciones de ingresos y gastos del sistema, así como el impacto de las medidas que se propone implementar.
• Supone una degradación democrática de la cogobernanza del sistema, puesto que la reforma se ha presentado orillando el pacto de Toledo y al diálogo social.
• El carácter intervencionista es tan acusado que llega, por ejemplo, a determinar el porcentaje de las partidas del Fondo de Reserva –hucha de las pensiones– que pueden utilizar los gobiernos futuros, con lo que condiciona las leyes de presupuestos de las siguientes tres décadas.
• Socava aún más el principio de contributividad del sistemaal incrementar la brecha existente entre la base de cotización máxima y la cuantía de la pensión máxima (a ello contribuye el MEI y la cotización de solidaridad).
• El Gobierno insiste en que hay que homologar la base máxima de cotización con la de países vecinos. Sin embargo, en estos hay una correlación entre la base y la pensión máxima que en España se rompe con esta reforma.
• La reforma es confiscatoria porque ni la cotización de solidaridad ni el MEI sirven para causar derecho a pensión, no integran la base reguladora.
• El MEI se duplica meses después de que el Gobierno garantizase que su implantación al 0,6% era suficiente para estabilizar financieramente el sistema.
• El incremento de años de carrera para la cuantificación de la pensión de jubilación es tan pequeño y de implantación tan progresiva que apenas tendrá efectos sobre el gasto global del sistema.
• Las medidas de reducción de brecha son muy limitadas y no pueden traducirse en ningún caso como un cambio de paradigma. Básicamente consisten en una pequeña mejora de los periodos que se dan como cotizados en los supuestos de excedencia y reducción de jornada por cuidado de hijos y familiares. Desde luego, quedan muy lejos de paliar el impacto de la maternidad.
• La previsión de modificación de la jubilación parcial parece responder a una pretensión del Ministerio de encarecer su utilización, lo que hace temer que estén considerando ligar esta modalidad a una cotización adicional. Esto podría afectar extraordinariamente al contrato de relevo del sector industrial (Automóvil).
• Es insólita la atribución de competencias a la AIReF. Según lo propuesto, tanto los gobiernos futuros como el Parlamento estarán sujetos a los informes de evaluación de las medidas que proponga la AIReF cuando ésta detecte desequilibrios financieros sobre el sistema. Si no se implantan las medidas evaluadas por la AIReF, se incrementará el MEI anualmente hasta su introducción, lo que puede parecer un chantaje.
• Por último, la mayor carga sobre las bases máximas de cotización o el recargo de solidaridad –que en sí mismo es un impuesto al talento– va en contra de toda política de atracción de talento en un momento en el que el propio Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia o las instancias europeas han puesto el foco en las competencias, en la recualificación y la formación como vía para garantizar la competitividad de España y de Europa frente a terceros.